Se puede debatir respecto a intensidades o magnitudes, pero hay algo que ya nadie niega, y es que internet nos ha modificado la vida. En pleno debate sobre la privacidad y la transparencia en la circulación de los datos y el papel de las interacciones virtuales en los cambios que se producen en la vida cotidiana, nos interesa destacar una perspectiva, que aunque crítica, no pierde las expectativas depositadas en las tecnologías digitales para la construcción de sociedades más inteligentes. Esta mirada se encarna en la figura de José Van Dijck, una experta en Comunicación y medios digitales, que con aguda perspicacia combina aspectos de la economía política de las redes, las transformaciones en las subjetividades y sus derivas políticas y económicas en la vida pública. De paso por Buenos Aires en el mes de junio, esta investigadora holandesa dejó en claro algunos planteos bien interesantes para pensar la relación desigual y conflictiva entre las empresas de servicios en línea, los usuarios y los Estados.

En su último libro denominado: “La cultura de la conectividad: una historia crítica de las redes sociales”, Van Dijck despliega un análisis certero sobre las relaciones entre los usuarios y los propietarios de las plataformas más utilizadas a nivel mundial, en el que demuestra cómo estas empresas sacan provecho económico de los movimientos que realizan las personas en línea. En aquella argumentación sostenía la existencia de un ecosistema de medios más cercano a lo conectivo que a lo social. Su concepto de “conectividad” (connectivity) -que diferencia del de conectibilidad (connectedness), asociado con las interacciones mediadas por internet- hace referencia al poder de regulación y gestión que ejercen las empresas sobre los datos producidos por los usuarios. A partir de la utilización de diversas herramientas informáticas como los algoritmos, los metadatos y los bots, las firmas tienen la posibilidad de publicar publicidad dirigida, teniendo en cuenta los intereses individuales de los sujetos.



Las ideas difundidas en la literatura especializada sobre las ampliaciones en la interacción social o en la producción de contenidos por parte de los usuarios son desmitificadas y dejadas en un segundo plano por esta autora, que prioriza el aumento de la incidencia del software en las actividades cotidianas de las personas. Para ella, el uso extendido de aplicaciones en línea produjo que las personas comenzaran a responder a la estructura de sus códigos y a sus modelos de expresión, configurando así un sistema global de plataformas en línea, cuyo funcionamiento comercial tiende directamente al monopolio. Un privilegio económico que, en detrimento de las personas, les permite a estos conglomerados dominar la escena no sólo comercial, sino también social y cultural.

El conjunto de estas plataformas y sus relaciones comerciales delinean la infraestructura básica sobre la cual se construyen una cantidad cada vez más creciente de relaciones sociales. Esas interacciones pueden ser de distinto tipo: productivas, corporativas, privadas, públicas, con fines de lucro, desinteresadas, de ampliación cultural, de beneficencia, de publicidad personal, etcétera, pero, sin lugar a dudas promueven prácticas culturales que orientan los intercambios, los cuales quedan al servicio de la obtención de ganancias. Ejemplos de ello los encontramos en sectores tan diversos como el transporte urbano (Uber, We go, Snap car, Car2go, Blablacar, etc.) o la distribución de noticias, que ha virado a lo virtual, lo cual ha provocado un amplio descenso en las ventas de los matutinos en papel (Google News, Facebook news feed, Washington post o New york times).

El problema que detecta Van Dijck en esta nueva dinámica económica, regida por las plataformas, es que estas empresas se alejan de los valores sociales y las instituciones públicas, que las organizaciones tradicionales atendían, en pos de una convivencia social más justa y duradera. Por el contrario, estas suelen desentenderse de los marcos regulatorios y de los efectos sociales que producen. La empresa Uber, por ejemplo, no se define como una empresa de transporte, sino que dice ser un servicio digital que conecta a los clientes con otros usuarios dispuestos a transportarlos y, de ese modo, se libra de la responsabilidad de pagar seguridad social, seguros o pensiones, ya que no tiene “empleados” y no hay un contrato de trabajo entre ellos. Otro ejemplo es Facebook, que no se reconoce como una empresa de creación de noticias, sino que dice unir a los anunciantes o productores de los contenidos con los usuarios o clientes. En un contexto en el que las personas cada vez consumen más y acceden a las noticias a través de su plataforma, ellos no se hacen cargo del contenido de las noticas que distribuyen.



Dada esta situación, cabe la pregunta: ¿Cómo volver a negociar los valores sociales y los derechos laborales en esta nueva sociedad regida por la dinámica comercial que establecen las empresas dueñas de plataformas interactivas en la red? Y la preferencia de la especialista es resaltar la figura de los Estados, como los principales actores que deben negociar con las empresas ya que es a ellos a los que les compete asegurar los derechos y la calidad de vida de las personas.

En ese sentido, existen algunos casos que sirven de modelo para ilustrar el concepto. En São Paulo, por ejemplo, un lugar, con muchos problemas de transporte y de acceso a varios lugares de la ciudad, al entrar la empresa Uber al mercado del transporte, se negoció con el Estado a nivel de la ciudad, un sistema de licencias en línea en el que las plataformas dedicadas a este negocio, debían comprar créditos por millas de transportación. Los créditos tienen un precio dinámico ya que son más baratos donde no hay mucha demanda del servicio o si transportan gente con discapacidad, pero son más caros si se trabaja en el centro de la ciudad y, como allí hay mucho desempleo femenino, se acordó la ocupación de un 15 por ciento de los créditos por parte de conductoras. Otro ejemplo, se dio en Ámsterdam dónde las autoridades, le pusieron un freno a Airbnb, que estaba provocando un colapso en la ciudad a causa del turismo en una escala desmedida.



Ahora bien, para Van Dijck cada uno de los actores intervinientes tiene un rol preponderante ante la restitución de la confianza en el funcionamiento de una sociedad con estas características. Sin embargo, para algunos la responsabilidad es mayor que para otros. En el caso de las empresas que, según su mirada, todavía dirigen en buena medida el polo de la producción, se encuentran obligadas a abrir al público todos los datos que producen sobre los usuarios, deben compartir sus prácticas y ampliar su transparencia hacia los consumidores, además de tomar en consideración y ser responsables de los valores democráticos colectivos de la sociedad en la que viven. Los usuarios, en tanto ciudadanos, y las organizaciones de la sociedad civil deben mantener una postura crítica sobre la privacidad de los datos y reclamar fervientemente los valores sociales de la democracia. Estar atentos a los lenguajes de la codificación y ampliar los espacios de la red, creando nuevas plataformas alternativas. Pero el rol más importante es el de los Estados, que deben asegurar que los ciudadanos se formen en el código y los lenguajes que se difunden a través de internet. Además, tienen la obligación de actualizarse y producir renovaciones al respecto, que le permitan tomar mayor fuerza y relevancia en la negociación de los marcos regulatorios de las empresas dueñas de las plataformas en línea.

Los análisis de José Van Dijck componen una perspectiva que no explota argumentaciones en los extremos, sino que, por el contrario, busca una reflexión inteligente y superadora que permite afianzar la influencia de las tecnologías digitales interactivas, pero en un marco de regulaciones y contrapesos que habilite una convivencia sana, prospera y equilibrada para el conjunto de las economías globales. La investigadora se encuentra convencida de que sólo el ejercicio de actualización y toma de conciencia de estos aspectos, por parte de cada uno de los actores, podrán balancear la participación y los beneficios obtenidos entre lo privado, lo público y lo corporativo.